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miércoles, 21 de agosto de 2013

México, energía y reforma

El presidente Peña Nieto intenta superar los vicios enraizados en la industria petrolera mexicana y generar riqueza, algo distinto al modelo chavista que corrompió y destrozó a PDVSA.
Ricardo Escalante

México ha entrado en una discusión complicada y necesaria a la vez, que toca aspectos fundamentales de la administración de sus hidrocarburos y pondrá a prueba a sus partidos políticos y a sus gobernantes.  El punto fundamental es si el sector privado debe tener o no participación en ciertas áreas del negocio energético y, por supuesto, cualquier decisión repercutirá en el desarrollo económico mexicano.
Con razonamientos supuestamente nacionalistas, la izquierda trasnochada liderada por López Obrador y por Cuauhtémoc Cárdenas ya ha tratado de salirle al paso a la reforma propuesta por el presidente Peña Nieto, mientras la derecha encarnada por el PAN la considera tímida y reclama más audacia. Ninguno de los extremos tal vez sea lo más conveniente.
La izquierda vociferante sostiene que el propósito es entregar la riqueza nacional a las transnacionales y a los ambiciosos ricachones nacionales, pero no se detiene en consideraciones sobre la desbocada corrupción e ineficiencia que ha prevalecido en Pémex y otras empresas estatales. En Pémex ha habido gente honesta, pero la corrupción ha sido un cuero seco que ha mermado sus enormes posibilidades de rentabilidad. Entretanto, la derecha plantea una apertura total de la industria al capital privado.  
Esa es una materia sobre la cual muchos países han tenido experiencias.  Unos han obtenido grandes beneficios y creado modelos de desarrollo impresionantes, mientras otros han incurrido en costosos errores difíciles de remediar.  El modelo venezolano de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos dejó abierta la posibilidad para la participación privada, aunque esa sola idea generó suspicacias y no faltaron quienes se rasgaran las vestiduras, como el adeco experto petrolero Arturo Hernández Grisanti, un vanidoso y fanático de uña en el rabo que sostenía la tesis del estatismo extremo.
Durante el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) se puso en marcha la política petrolera, cuando los precios internacionales de los crudos estaban por el piso y se puso en marcha la política de Apertura, que tuvo detractores como Hugo Chávez y sus asesores.  Lo de Chávez no pasaba de ser una falacia, para implantar una corrupción sin precedentes manejada desde la presidencia de PDVSA por un ministro todopoderoso, Rafael Ramírez, que se enriqueció en forma vertiginosa y estableció una dispendiosa administración incontrolable.
La propuesta de Peña Nieto contempla la participación de la iniciativa privada en inversiones, exploración, explotación y manejo de los hidrocarburos, vale decir, es amplia, de manera sana y sin que eso implique la privatización de Pémex. Es una reforma que bien adelantada pudiera servir para auditar y reclamar al sector estatal, cuyos sindicatos y otras mafias han hecho y deshecho durante décadas. Eso, por supuesto, debería incluir sólidos instrumentos legales para garantizar una sana política de vigilancia administrativa.
Desde su fundación en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hasta el ascenso de Chávez al poder, PDVSA funcionó como un holding del Estado y generó una clase tecnocrática de elevada excelencia. Fue eficiente e hizo enormes contribuciones de todo tipo al país, pero con la desventaja de que actuaba como un Estado dentro del Estado, con sus propios mecanismos de contraloría, pero el secretismo despertaba suspicacias. Se ocultaban hasta los sueldos de sus altos ejecutivos.
Al llegar Hugo Chávez, lo primero que hizo fue abrir el camino para el otorgamiento de contratos a dedo y la industria petrolera pasó a ser un centro de corrupción inauditable, con injerencia en las más variadas e insólitas actividades: Compra de huevos a granel, carne, leche, huevos, armas, plantas eléctricas, papel higiénico, envío de maletas repletas de dólares para los Kirchner en Argentina, y otras muchas cosas.  En los puertos administrados por el Estado fueron descubiertos casi tres mil containers con alimentos podridos, que habían estado allí años y que fueron comprados con el solo propósito de esquilmar al Fisco.  Nadie olvida el despedido de 20 mil ejecutivos, profesionales, técnicos y obreros calificados -de golpe y porrazo-, que fueron a parar a muchas empresas en el exterior.
Ese tipo de irregularidades es, precisamente, lo que tiene que evitar desde temprano la administración de Peña Nieto en México. Ojalá tengan éxito.