Ricardo Escalante
México ha entrado
en una discusión complicada y necesaria a la vez, que toca aspectos fundamentales
de la administración de sus hidrocarburos y pondrá a prueba a sus partidos
políticos y a sus gobernantes. El punto
fundamental es si el sector privado debe tener o no participación en ciertas
áreas del negocio energético y, por supuesto, cualquier decisión repercutirá en
el desarrollo económico mexicano.
Con razonamientos
supuestamente nacionalistas, la izquierda trasnochada liderada por López Obrador
y por Cuauhtémoc Cárdenas ya ha tratado de salirle al paso a la reforma
propuesta por el presidente Peña Nieto, mientras la derecha encarnada por el
PAN la considera tímida y reclama más audacia. Ninguno de los extremos tal vez
sea lo más conveniente.
La izquierda
vociferante sostiene que el propósito es entregar la riqueza nacional a las
transnacionales y a los ambiciosos ricachones nacionales, pero no se detiene en
consideraciones sobre la desbocada corrupción e ineficiencia que ha prevalecido
en Pémex y otras empresas estatales. En Pémex ha habido gente honesta, pero la
corrupción ha sido un cuero seco que ha mermado sus enormes posibilidades de
rentabilidad. Entretanto, la derecha plantea una apertura total de la industria
al capital privado.
Esa es una
materia sobre la cual muchos países han tenido experiencias. Unos han obtenido grandes beneficios y creado
modelos de desarrollo impresionantes, mientras otros han incurrido en costosos
errores difíciles de remediar. El modelo
venezolano de la nacionalización de la industria de los hidrocarburos dejó
abierta la posibilidad para la participación privada, aunque esa sola idea
generó suspicacias y no faltaron quienes se rasgaran las vestiduras, como el
adeco experto petrolero Arturo Hernández Grisanti, un vanidoso y fanático de
uña en el rabo que sostenía la tesis del estatismo extremo.
Durante el
segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) se puso en marcha la política
petrolera, cuando los precios internacionales de los crudos estaban por el piso
y se puso en marcha la política de Apertura, que tuvo detractores como Hugo
Chávez y sus asesores. Lo de Chávez no
pasaba de ser una falacia, para implantar una corrupción sin precedentes
manejada desde la presidencia de PDVSA por un ministro todopoderoso, Rafael
Ramírez, que se enriqueció en forma vertiginosa y estableció una dispendiosa administración
incontrolable.
La propuesta de
Peña Nieto contempla la participación de la iniciativa privada en inversiones,
exploración, explotación y manejo de los hidrocarburos, vale decir, es amplia,
de manera sana y sin que eso implique la privatización de Pémex. Es una reforma
que bien adelantada pudiera servir para auditar y reclamar al sector estatal,
cuyos sindicatos y otras mafias han hecho y deshecho durante décadas. Eso, por
supuesto, debería incluir sólidos instrumentos legales para garantizar una sana
política de vigilancia administrativa.
Desde su
fundación en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez hasta el ascenso de
Chávez al poder, PDVSA funcionó como un holding del Estado y generó una clase
tecnocrática de elevada excelencia. Fue eficiente e hizo enormes contribuciones
de todo tipo al país, pero con la desventaja de que actuaba como un Estado
dentro del Estado, con sus propios mecanismos de contraloría, pero el secretismo
despertaba suspicacias. Se ocultaban hasta los sueldos de sus altos ejecutivos.
Al llegar Hugo
Chávez, lo primero que hizo fue abrir el camino para el otorgamiento de
contratos a dedo y la industria petrolera pasó a ser un centro de corrupción
inauditable, con injerencia en las más variadas e insólitas actividades: Compra
de huevos a granel, carne, leche, huevos, armas, plantas eléctricas, papel
higiénico, envío de maletas repletas de dólares para los Kirchner en Argentina,
y otras muchas cosas. En los puertos
administrados por el Estado fueron descubiertos casi tres mil containers con
alimentos podridos, que habían estado allí años y que fueron comprados con el
solo propósito de esquilmar al Fisco.
Nadie olvida el despedido de 20 mil ejecutivos, profesionales, técnicos
y obreros calificados -de golpe y porrazo-, que fueron a parar a muchas empresas
en el exterior.
Ese tipo de
irregularidades es, precisamente, lo que tiene que evitar desde temprano la
administración de Peña Nieto en México. Ojalá tengan éxito.
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