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martes, 13 de agosto de 2013

Colombia: ¿Renuncia el Estado a su autoridad?

Ricardo Escalante
La política colombiana de las últimas semanas ha dado señales inquietantes sobre lo que se avizora como una poco ortodoxa disputa electoral presidencial.   Hay aspectos graves sobre la forma en que pudiera pactarse la reinserción de las Farc en la sociedad y su consecuente participación en el escenario de la controversia natural de los partidos.

Lógico sería que lo hicieran como tendría que ser: Abandonando las armas y dando muestras firmes de arrepentimiento del grave daño que por décadas han causado  a cientos de miles de familias que han sufrido asesinatos, heridos, secuestros, desplazados, chantajes y extorsiones, además de los nocivos efectos de la poderosa industria del narcotráfico que han amparado. Pero la cosa al parecer no va por ese camino, sino por el de la renuncia del Estado a elementales principios de autoridad.
Durante sus muchos meses de comodidad en La Habana, los líderes subversivos han puesto condiciones y discutido como si se tratara de una negociación entre dos Estados, en la cual resulta obvia la beligerancia que le ha sido otorgada por instituciones legítimas, en medio de una bien diseñada campaña publicitaria orientada a ganar buena parte del terreno que habían perdido en el terreno de la confrontación armada.
Ha habido políticos y altos funcionarios que han viajado a la capital cubana para retratarse con Iván Márquez y compañía, como si allá, en la Meca de los autoritarismos, fueran a encontrar bendiciones para ambiciones cuya legitimidad es cuando menos dudosa.
En el epicentro de esos hechos inquietantes están las aspiraciones reeleccionistas de Juan Manuel Santos,  cuya sindéresis pareciera erosionada por sus potenciales rivales y, entonces, lanza en ristre, ha emprendido sus ataques contra quienes con legítimo derecho ofrecen sus nombres como alternativa.  En ese escenario, convencido de que se catapultará como el Presidente de la paz, ha hecho concesiones a la estrategia desestabilizadora de la subversión.  ¿Imponer la paz no es obligación indoblegable del Estado?
Los militares han liquidado unas cuantas fichas de las Farc en días recientes, pero la arremetida de estas se ha repotenciado. ¿Será eso justo? ¿Cuál es la sociedad que quieren las Farc? Ahora, por supuesto, está por verse si las víctimas directas e indirectas de la violencia podrían sufragar sin ponerse la mano en el corazón, porque la reparación del daño infligido de manera prolongada no se logra con discursos. La experiencia de otros países -como el vecino Venezuela en las décadas de los 60 y 70-, ocurrió sin menoscabo del inflexible poder de las instituciones para hacer valer la ley: Sin escenarios pomposos, la guerrilla entregó las armas y, sin ventajas, inició la participación política que demostró que nunca había tenido apoyo popular.
Discutir con las Farc reformas de instituciones fundamentales –como el régimen judicial, los medios de comunicación radioeléctricos e impresos y políticas sociales-, mientras continúan actuando con las botas puestas y ametralladora en mano, seguramente acarreará un elevado costo cívico y también de respetabilidad para el gobierno.
Durante el gobierno de Uribe Vélez –con la activa participación del entonces ministro de la Defensa Juan Manuel Santos-, la guerrilla estuvo técnicamente liquidada. Sus fuentes de financiamiento y la capacidad para reclutar nuevos miembros se redujo. Muchos de sus miembros escaparon y otros fueron ejecutados mientras trataban de hacerlo, porque la disidencia y la capacidad para revisar errores es inconcebible entre ellos.
Por todo eso, no sin estupefacción he leído las declaraciones en las cuales los bandoleros, disfrazados de caperucitas rojas, intentan hacer creer que ahora están en el camino de perdonar al “Estado perverso y atroz”, mientras continúan secuestrando y asesinando a mansalva a ciudadanos inocentes.
Los jefes guerrilleros saben que por vía electoral no tienen nada que buscar.  Ninguna víctima colombiana de la violencia de las Farc, en su sano juicio podría votar para que alguno de ellos se instale en una curul parlamentaria o para cualquier otro cargo.  Ahh, y tiene sentido preguntarse si sería encomiable la idea de conceder una cuota parlamentaria directa al movimiento insurgente y, como si fuera poco, hasta darles medios de comunicación. ¡Fin de mundo!