Páginas

jueves, 16 de enero de 2014

Detrás del cuento de “Conrado”

Ricardo Escalante
A medida que los días avanzan adquiere más cuerpo la sospecha que comenzó como una simple corazonada: Lo que ocurre en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la delegación de las Farc son negociaciones de Estado a Estado, con el visto bueno de eso que se denomina la comunidad internacional.

La narcoguerrilla se robustece en la mesa de negociación y  empuja al Ejecutivo colombiano a hacer concesiones que hace unos años habrían sido impensables, sin que los secuestros, asesinatos, desplazamientos, asaltos, extorsiones y chantajes, se hubiesen detenido. Es incomprensible: El Estado colombiano tartalea, lanza señales de debilidad.
El signo más reciente de lo aquí señalado es la liberación del jefe guerrillero Guillermo Enrique Torres, alias “Julián Conrado”, que estaba preso en Caracas desde hacía dos años y medio. El presidente Santos y su corte olvidaron las imputaciones que pesaban contra el malhechor por lesiones personales, tráfico de drogas, desaparición forzada de personas y reclutamiento ilícito de menores de edad. El argumento esgrimido para “perdonarlo” es a todas luces banal: Razones humanitarias.
La patraña es interesante de examinar porque involucra aspectos que van más allá de las fronteras colombianas. Así, por un lado, el gobierno venezolano se lavó las manos al trasladar al Tribunal Supremo de Justicia la decisión de dejar en libertad a quien, armado hasta las muelas, fue capturado in fraganti en una de sus incursiones al territorio nacional y, por el otro, ignoró que muchos venezolanos han sido víctimas de los delitos de las Farc.  ¿Por qué Venezuela no procesó y condenó a “Conrado” en tribunales militares? Hay razones que van más allá del simple retiro de la solicitud de extradición.
Los lazos de las Farc con Hugo Chávez y su gobierno  -del cual formaba parte el ahora presidente Maduro-, eran estrechos.  Maduro estuvo entre quienes tenían contactos con los subversivos, de lo cual quedaron evidencias en las computadoras incautadas por el gobierno colombiano cuando el comandante guerrillero Raúl Reyes fue abatido en marzo de 2008.  La actitud del régimen venezolano se enmarca en la imborrable simpatía Chávez hacia los movimientos narcoguerrilleros, tal como él mismo confesó en la Asamblea Nacional en su mensaje anual correspondiente a 2008:  “Las FARC y el ELN  no son terroristas, son verdaderos Ejércitos y hay que darles  reconocimiento... Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político y bolivariano que aquí es respetado”...  ¡Más claro no podía cantar el gallo! Pero la cosa no se quedaba en las palabras, porque además les suministraba dinero, armas y otras minucias.
Esa relación con movimientos insurgentes, que ha sido la esencia de la política cubana durante medio siglo, fue practicada por Chávez en sus casi quince años de gobierno para tejer una cofradía de cómplices internacionales. De la misma manera, el suelo venezolano ha sido y es utilizado para el tránsito de drogas, con la participación de relevantes figuras de la Fuerza Armada Nacional y del Ejecutivo. Son incontables los cargamentos de narcóticos procedentes de Venezuela, que casi todas las semanas son descubiertos en distintas partes del mundo, a pesar de las declaraciones oficiales para desmentir los hechos.
Ahora bien, lo que está en curso en La Habana es un proceso que a todas luces conducirá a Colombia a la inestabilidad política y económica, al pactar reformas de forma y de fondo que afectarán a todas las instituciones, con la participación activa de la organización guerrillera que carga a cuestas cientos de miles de muertos, torturados, desplazados, extorsionados y otros abominables delitos.  ¿Es eso abrir cauces a la paz?  ¡No!  La cosa huele mal.
La búsqueda de eficiencia para el Estado colombiano podía haberse negociado con quienes actúan dentro de la ley. Y si se trataba de poner fin a la guerrilla había dos posibilidades: Una, negociando con ella su incorporación incondicional a la sociedad, es decir su rendición total, pero otorgándoles garantías de procesos justos por los crímenes cometidos y, al mismo tiempo, permitiéndoles su organización como partido.  Sin privilegios frente a las demás organizaciones políticas, que, en honor a la verdad, atraviesan un deterioro sostenido y no dan muestras de capacidad para revitalizarse.
Como el tema es complicado y ofrece muchas aristas, prometo una segunda entrega destinada a analizar el peligro que se cierne sobre los colombianos.  ¡Imperdonable sería no hacerlo!
@opinionricardo