A medida que los días avanzan adquiere más cuerpo la sospecha que comenzó como una simple corazonada: Lo que ocurre en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la delegación de las Farc son negociaciones de Estado a Estado, con el visto bueno de eso que se denomina la comunidad internacional.
La narcoguerrilla
se robustece en la mesa de negociación y
empuja al Ejecutivo colombiano a hacer concesiones que hace unos años
habrían sido impensables, sin que los secuestros, asesinatos, desplazamientos,
asaltos, extorsiones y chantajes, se hubiesen detenido. Es incomprensible: El
Estado colombiano tartalea, lanza señales de debilidad.
El signo más
reciente de lo aquí señalado es la liberación del jefe guerrillero Guillermo
Enrique Torres, alias “Julián Conrado”, que estaba preso en Caracas desde hacía
dos años y medio. El presidente Santos y su corte olvidaron las imputaciones
que pesaban contra el malhechor por lesiones personales, tráfico de drogas, desaparición
forzada de personas y reclutamiento ilícito de menores de edad. El argumento
esgrimido para “perdonarlo” es a todas luces banal: Razones humanitarias.
La patraña es
interesante de examinar porque involucra aspectos que van más allá de las fronteras
colombianas. Así, por un lado, el gobierno venezolano se lavó las manos al
trasladar al Tribunal Supremo de Justicia la decisión de dejar en libertad a
quien, armado hasta las muelas, fue capturado in fraganti en una de sus incursiones al territorio nacional y, por
el otro, ignoró que muchos venezolanos han sido víctimas de los delitos de las
Farc. ¿Por qué Venezuela no procesó y
condenó a “Conrado” en tribunales militares? Hay razones que van más allá del
simple retiro de la solicitud de extradición.
Los lazos de las
Farc con Hugo Chávez y su gobierno -del
cual formaba parte el ahora presidente Maduro-, eran estrechos. Maduro estuvo entre quienes tenían contactos
con los subversivos, de lo cual quedaron evidencias en las computadoras incautadas
por el gobierno colombiano cuando el comandante guerrillero Raúl Reyes fue
abatido en marzo de 2008. La actitud del
régimen venezolano se enmarca en la imborrable simpatía Chávez hacia los
movimientos narcoguerrilleros, tal como él mismo confesó en la Asamblea
Nacional en su mensaje anual correspondiente a 2008: “Las FARC y el ELN no son terroristas, son verdaderos Ejércitos
y hay que darles reconocimiento... Son
fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político y bolivariano que aquí es
respetado”... ¡Más claro no podía cantar
el gallo! Pero la cosa no se quedaba en las palabras, porque además les
suministraba dinero, armas y otras minucias.
Esa relación con
movimientos insurgentes, que ha sido la esencia de la política cubana durante
medio siglo, fue practicada por Chávez en sus casi quince años de gobierno para
tejer una cofradía de cómplices internacionales. De la misma manera, el suelo
venezolano ha sido y es utilizado para el tránsito de drogas, con la
participación de relevantes figuras de la Fuerza Armada Nacional y del
Ejecutivo. Son incontables los cargamentos de narcóticos procedentes de
Venezuela, que casi todas las semanas son descubiertos en distintas partes del
mundo, a pesar de las declaraciones oficiales para desmentir los hechos.
Ahora bien, lo
que está en curso en La Habana es un proceso que a todas luces conducirá a
Colombia a la inestabilidad política y económica, al pactar reformas de forma y
de fondo que afectarán a todas las instituciones, con la participación activa
de la organización guerrillera que carga a cuestas cientos de miles de muertos,
torturados, desplazados, extorsionados y otros abominables delitos. ¿Es eso abrir cauces a la paz? ¡No! La
cosa huele mal.
La búsqueda de
eficiencia para el Estado colombiano podía haberse negociado con quienes actúan
dentro de la ley. Y si se trataba de poner fin a la guerrilla había dos
posibilidades: Una, negociando con ella su incorporación incondicional a la
sociedad, es decir su rendición total, pero otorgándoles garantías de procesos
justos por los crímenes cometidos y, al mismo tiempo, permitiéndoles su
organización como partido. Sin privilegios
frente a las demás organizaciones políticas, que, en honor a la verdad,
atraviesan un deterioro sostenido y no dan muestras de capacidad para
revitalizarse.
Como el tema es
complicado y ofrece muchas aristas, prometo una segunda entrega destinada a analizar
el peligro que se cierne sobre los colombianos.
¡Imperdonable sería no hacerlo!
@opinionricardo
No hay comentarios:
Publicar un comentario