Italo Malaparte
El presidente Maduro acompañado por Joe Kennedy |
El fallo del tribunal de arbitraje del Banco Mundial sobre el monto que
Venezuela deberá pagar a las petroleras ConocoPhillips y ExxonMobil como
consecuencia de las expropiaciones decididas por el presidente Chávez en 2007,
agravará aún más la vida diaria de los venezolanos.
Hay quienes piensan que el riesgo se circunscribirá a Citgo o al dinero
proveniente de su venta, pero las dimensiones del asunto dependerán del tamaño
de la indemnización que establezca la corte de arbitraje (Ciadi). Por ahora nadie tiene idea de los alcances del pronunciamiento, pero en
cualquier caso serán perjudiciales para los intereses de la República, porque
sus ingresos resultarán afectados en forma directa.
¿Qué ocurrirá si el fallo contra Venezuela es por el equivalente al valor
de Citgo? Una opción de pago pudiera ser el suministro de crudos, otra mediante
el embargo de sus instalaciones, otra una posible fórmula combinada, sin que se
descarte la posibilidad del embargo de dinero proveniente de despachos de
petróleo a terceros países y, por supuesto, todo dependerá también de la
voluntad del gobierno venezolano para acatar y cumplir la orden de la Ciadi. La
negativa sería peor. El fallo será de obligatorio cumplimiento y acarreará repercusiones
económicas y políticas internas y también ruido internacional, porque, al igual
que en el caso de la congelación de fondos destinados a los acreedores de la
deuda externa argentina, los discursos nacionalistas se reavivarán.
La diferencia con el caso argentino es, por cierto, muy grande. El reclamo de los fondos buitre a Argentina
asciende a 1500 millones de dólares, mientras la exigencia de ExxonMobil y
ConocoPhillips es 30 veces mayor. Argentina produce y exporta cereales, carne y
renglones industriales, mientras Venezuela es importador neto. Aunque las
dificultades económicas argentinas son severas, distan mucho de las
venezolanas, donde hay escasez de medicinas y productos esenciales, elevada
inflación y especulación.
Hay otras incidencias que no pueden escapar al análisis. Citgo aporta combustible
para calefacción a sectores populares en varias ciudades de Estados Unidos, y
la modificación de la propiedad de la compañía podría significar el final de
esa política que ha despertado simpatías hacia Venezuela en círculos
norteamericanos. Ahora bien, después del
fracaso de los planes de venta de la compañía, el presidente Maduro anunció el
generoso aumento de esa cuota de hidrocarburos, que se cumple a través de un
convenio con Citizens Energy Corporation (CEC), cuyo fundador y jefe es Joseph
(Joe) Kennedy II, miembro de la dinastía política del mismo apellido y
admirador de la cooperación internacional del presidente Chávez.
Durante su reciente viaje a Nueva York para asistir a la asamblea general
de las Naciones Unidas, Maduro sostuvo conversaciones y se fotografió con
Kennedy, quien además lo acompañó en el acto de masas realizado en el Bronx, uno
de los barrios que se benefician de las donaciones de hidrocarburos venezolanos.
Y aunque en las últimas semanas se escucharon voces que desestiman la
importancia económica y estratégica de Citgo como activo venezolano, es obvio
que la empresa ha sido utilizada como brazo político para frenar las propuestas
de sanciones contra el chavismo. Así, por ejemplo, la senadora demócrata Mary
Landrieu se pronunció contra tales iniciativas, por considerar que la refinería
Lake Charles, en la cual se procesan 425 mil barriles de crudo por día en
Louisiana, genera un importante número de empleos que podrían verse afectados.
Algunos especialistas sostienen que el pronunciamiento del Ciadi se
conocerá de un momento a otro, pero no necesariamente será así, porque la corte
deberá examinar múltiples factores para precisar las indemnizaciones, entre
ellos el valor de los activos en libros de las instalaciones expropiadas, la
situación actual del mercado y el potencial de las empresas nacionalizadas, así
como lo que ExxonMobil y ConocoPhillips
han dejado de percibir. Tal vez tampoco escape al estudio la circunstancia de
que el perdedor es no solo un gobierno, sino millones de habitantes que hoy atraviesan
penurias en Venezuela. Claro, a posteriori habrá que poner la lupa en las
causas y consecuencias del litigio.
¿Por qué las dos transnacionales -y sobre todo ExxonMobil- se empeñaron en
llegar hasta donde lo han hecho? Para
demostrar poder. Ambas compañías tienen intereses en casi todo el mundo y el
tamaño de sus operaciones supera los presupuestos nacionales de más de seis decenas
de países juntos. Por eso aprovechan la disputa para sentar un precedente.
Una muestra de las intenciones de ExxonMobil estuvo en la congelación por
vía judicial de 300 millones de dólares provenientes de la venta de ciertos
activos que Pdvsa tenía en terrenos del campo Cerro Negro, en la Faja del
Orinoco, además de las costosas acciones legales intentadas por distintas vías.
Ya una vez la República de Venezuela fue obligada a pagar cerca de 2 mil
millones de dólares en el caso de la expropiación de Sidor y ahora, hace pocos
días, otra sentencia del Ciadi la
condenó a pagar 740 millones de dólares a la empresa minera Gold Reserve. Estos son apenas anticipos de
las penurias que se avecinan.
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